El amparo es "requisito" para el acceso a la seguridad social en bodas gay

CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — A un año de haberse realizado las primeras bodas entre personas del mismo sexo en la capital mexicana, la mayoría de las parejas no pueden registrar a sus cónyuges como beneficiarios de los servicios públicos de seguridad social y las denuncias por homofobia han registrado un aumento.

Javier González Marmolejo, académico universitario de 35 años se casó con Carlos Alberto Ramos, de 30, el 21 de marzo del 2010. Como casi en cualquier boda, hubo invitados y firmaron un acta civil ante un juez. Sin embargo, a diferencia de un matrimonio heterosexual, Javier no ha podido registrar a Carlos Alberto como su cónyuge y beneficiario ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

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Piden respeto a la diversidad

Mientras que en el DF se reforma la ley contra la discriminación y reconoce expresamente la diversidad sexual, el PAN frena en el Senado la reforma constitucional sobre derechos humanos, para no incluir nuestro derecho a la no discriminación, y repite la historia del año 2000, cuando sólo se logró incluir el término preferencia.

La ausencia de educación formal sobre la sexualidad impide conocer la condición humana de la orientación sexual e identidad de género a partir de la que somos lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros y heterosexuales. No se trata, pues, de preferencia alguna.

México ha suscrito los documentos internacionales de la OEA y la ONU que reconocen los derechos de las personas a partir de esta condición; por ello, exigimos que se apruebe la reforma en los términos reconocidos mundialmente.

El doble discurso del PAN, de que no discriminan pero se oponen a estos avances por la libertad sexual de las personas, perpetúa la discriminación y la homofobia y genera tragedias de vida.

Jaime López Vela, Agenda LGBT

NOTA DE LA JORNADA

Agenda LGBT les desea Felices Fiestas

Primer divorcio gay en el DF

Jorge Saavedra, primer mexicano en casarse legalmente con una persona de su mismo sexo, ahora encabeza separaciones por la ley.

México.- Luego de seis años de matrimonio, Jorge Saavedra y Fernando decidieron divorciarse bajo las leyes del Distrito Federal, con lo que se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo que se separa de común acuerdo, lo que provocó comentarios irónicos de la juez primera de lo Familiar del Registro Civil, quien sin tacto alguno, lanzó un misil: “para eso querían los homosexuales casarse legalmente”.

El ex director del Centro Nacional de Prevención y Control del VIH Sida (Censida), José Antonio Izazola, optó por guardar silencio para evitar enturbiar el proceso de separación.

Justo hace una semana, Saavedra recibió el acta que lo declara formalmente divorciado de Fernando y la cual fue a presentar a la familia de su nuevo novio, Gabriel, con quien se casará en diciembre y con el que desea adoptar a un niño o niña.

“Como cualquier matrimonio heterosexual, pues tuvimos diferencias, en este caso por el ofrecimiento de trabajo que me hicieron en Holanda; simplemente no quiso irse conmigo y no tenía caso seguir casados en dos países tan distantes”, recordó Saavedra, quien trabaja para AIDS Healthcare Foundation, cuyas oficinas se encuentran Amsterdam, Holanda.

Saavedra y Fernando se casaron legalmente en Provincetown, Massachusetts, el 30 de agosto de 2004, y a pesar de que desde enero de 2010 hicieron todos los trámites en aquella entidad estadunidense, no consiguieron el divorcio porque no habían residido allá por lo menos un año. “Te casan si tienes la intención de vivir en Massachusetts, pero no te divorcian si no has vivido en aquella entidad”, señaló.

Luego buscaron separarse en Holanda, pero tampoco consiguieron su cometido, porque en ese momento en nuestro país no se había legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo y, finalmente, los abogados apelaron en marzo a las separaciones exprés aprobadas en el Distrito Federal, y esperaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avaló los matrimonios sin distinción de género y así culminar con su enlace matrimonial el 19 de agosto de 2010.

 
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Corresponde a Calderón enviar iniciativa sobre cónyuges gays al IMSS: PRI y PT

• Respetamos la resolución de la Corte, pero el tema aún no está cerrado: senador panista
• El director del instituto está entrampado, afirma el diputado petista Óscar Yáñez

Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Jueves 26 de agosto de 2010, p. 38

Legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) consideran que es el presidente Felipe Calderón quien debe enviar una iniciativa para que se modifique la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a fin de que pueda atender a los cónyuges de las parejas del mismo sexo.

En tanto, el senador de panista Rubén Camarillo dijo que el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social no envió una iniciativa para reformar la Ley de ese instituto “porque no tiene la prerrogativa constitucional de presentarlas; las tienen los legisladores federales, las legislaturas de los estados y el Presidente de la República”.

–Para resolver este problema, ¿el jefe del Ejecutivo puede enviar la iniciativa de reformas a la Ley del IMSS?, se le preguntó.

–Sí puede, pero no sé si lo vaya a hacer.

Además, dijo, “en el grupo parlamentario del Partido Acciona Nacional (PAN) en el Senado consideramos que esa discusión sobre las adopciones de niños por matrimonios entre personas del mismo sexo es un tema que no está cerrado. No se ha ido al fondo de la discusión”.

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El cardenal y la debilidad del Estado

Adolfo Sánchez Rebolledo

No creo que el cardenal Juan Sandoval Íñiguez estuviera pensando en que sus palabras iban a tomarse con naturalidad, como un ejercicio normal la libertad de expresión a la que todos tenemos derecho. Más parece –y de ahí el lenguaje soez empleado– que la intención suya era insultar, ofender, poner las cosas a un nivel tal que ni los ministros de la Corte ni el jefe de Gobierno pudieran reaccionar. Las furias lanzadas por el cardenal no lograron impedir que: a) se reconociera la constitucionalidad de las leyes sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo aprobadas en el DF, ni b) que el máximo tribunal votara a favor de que dichas parejas pudieran adoptar, asunto que en verdad escuece las fibras más profundas e intolerantes del pensamiento conservador y no sólo del eclesiástico. En otras palabras, sin argumentos, perdida la partida legal, el prelado se saltó la trancas del decoro para causar un daño moral a los destinatarios de sus dicterios, asumiendo la actitud levantisca que lo ha hecho singular entre los miembros de la curia. Pero esta vez le salió el tiro por la culata y se equivocó: la sociedad mexicana no es la que vive el cardenal en su laberinto de poder omnímodo, aunque los grupos más reaccionarios persisten en sus viejas obsesiones.

El episodio se suma a una larga cadena de ataques que tienen en la mira un objetivo central: doblegar al Estado laico hasta convertirlo en una institución funcional a los intereses de la Iglesia católica. Persiste el rechazo a la modernidad tal y como se expresa en la doctrina constitucional mexicana y, en especial, en la Carta Magna de 1917, aunque ya no se busque desconocer formalmente la separación de Iglesia y Estado, demonizando al laicismo, sino, más bien, reinterpretar el papel del catolicismo en la sociedad mexicana, garantizándole una suerte de hegemonía sobre la moral pública que, en definitiva, no se aleja demasiado de la vieja visión del Estado confesional, pero sí le impide articularse con las aspiraciones de la secularizada sociedad del siglo XXI. Ya no exigen que el catolicismo sea la religión de Estado, pero no aceptan que el laicismo deba proteger por igual las creencias de todos los ciudadanos, sin confundir la moral pública con los valores de una confesión en particular, por importante que sea el número de sus fieles seguidores. Quieren, por tanto, que el Estado promueva en los espacios educativos y garantice en los medios públicos la enseñanza de las religiones y, sin decirlo, convierta a tales instituciones, la Iglesia católica en especial, en una suerte de sujeto político no obligado a responder por sus actuaciones. Eso es lo que está en el fondo de los arrebatos del cardenal y en las fobias de otros ministros del culto que se han sumado para defender, según ellos, la “libertad de expresión”.

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